La inteligencia de Ucrania desmanteló un escuadrón clandestino acusado de planear asesinatos selectivos contra figuras clave del país y combatientes extranjeros. Los servicios de seguridad de Kiev detallaron que la célula obedecía órdenes directas de los servicios secretos de Rusia, bajo la coordinación de un ciudadano moldavo reclutado durante su estancia en prisión en Rusia.
El reporte oficial señala que el grupo ofrecía hasta USD 100.000 por cada persona asesinada, con el monto variando según la relevancia del objetivo. Entre los blancos identificados estaban altos mandos de la inteligencia militar ucraniana, líderes de empresas estratégicas, miembros de la legión extranjera que combate junto a Kiev y periodistas de proyección internacional.
La operación Enigma 2.0 culminó con la detención de diez personas: siete en territorio ucraniano y tres en Moldavia, incluido el organizador principal. El Servicio de Seguridad de Ucrania (SBU) detalló que la operación incluyó entrar en un piso seguro donde estaba uno de los sospechosos.
El líder de la célula, un ciudadano moldavo de 34 años, era reincidente y, según el SBU, fue captado por agentes rusos mientras cumplía condena en una prisión de Rusia. Se le atribuye el diseño de una red encubierta para ejecutar los atentados, reclutando sujetos con experiencia militar y afinidad ideológica con el Kremlin.
El escuadrón funcionaba con equipos de vigilancia y ejecución. Los métodos para los asesinatos incluían disparos a quemarropa y atentados con coches bomba. Para ingresar a Ucrania simulaban ser turistas y, ya dentro, se distribuían en viviendas alquiladas en diversas regiones.
El SBU detalló que los agentes utilizaban identidades falsas, haciéndose pasar por mensajeros de servicios de entrega para acercarse a sus objetivos. Un vocero del organismo especificó: “Tomaron fotografías y videos de las personas señaladas, registraron su ubicación en Google Maps y remitieron la información a sus contactos en Rusia”.
Durante el operativo fueron incautados teléfonos móviles, equipos informáticos, armas, municiones y explosivos. El material permitió a los investigadores acceder a correspondencia directa con mandos rusos, aportando pruebas sobre la coordinación y el financiamiento de la red.
La célula, según el SBU, estaba conformada por el líder principal, dos agentes de confianza y varios cómplices reclutados en Ucrania, otros países de la Unión Europea y la región separatista de Transnistria. Las transferencias de fondos para los atentados se hacían a través de monederos electrónicos y tarjetas bancarias de entidades financieras extranjeras.
Andriy Yusov, jefe de comunicaciones estratégicas de la Dirección General de Inteligencia Militar (GUR) de Ucrania, figuraba entre los objetivos más destacados. Yusov confirmó a medios locales estar incluido en la lista, aunque evitó detallar las medidas de seguridad tomadas.
Los informes indican que los servicios secretos rusos buscaban sembrar pánico y desestabilizar la situación sociopolítica en Ucrania mediante el asesinato de figuras públicas y la difusión mediática de estos crímenes.
Las autoridades ucranianas abrieron causas penales por preparación de asesinato premeditado por encargo y manejo ilegal de armas, municiones o explosivos. El proceso está en manos de los tribunales de Kiev, que anticiparon colaboraciones judiciales con Moldavia y otros países involucrados en la investigación.
Fuentes del SBU resaltaron que la célula contaba con “personas afines, pro-Kremlin y con experiencia militar” y que la operación Enigma 2.0 sigue abierta a nuevas detenciones. Un portavoz aseguró que “la amenaza persiste, pero hemos logrado neutralizar una de las redes más peligrosas dedicadas a la guerra en la sombra”.
La operación recibió respaldo de organismos internacionales y puso en evidencia la dimensión transnacional de los intentos de desestabilización orquestados por los servicios secretos rusos en el marco del conflicto con Ucrania.
